Una de las razones por la que los profesores no están de acuerdo con la CPM es que elimina la posibilidad del reajuste permanente de los salarios básicos en función del incremento de costo de vida. Más ahora, que los precios de los alimentos y otros bienes imprescindibles de la canasta básica se van incrementando, despertando el legítimo temor a la hiperinflación (como no, con los antecedentes del Apra).
Otra razón de peso es que el número de plazas en cada nivel no es fijado por las necesidades de cada institución educativa (como debería ser, si la intención de los gobernantes fuera realmente mejorar la calidad de la educación), ni por las capacidades de los docentes evaluados (como debería ser si lo que se quiere es elevar el desempeño profesional). El número de plazas ha sido determinado arbitrariamente en la ley 29062 y depende de la disponibilidad presupuestaria.
En concreto, no importará que los estudiantes de las instituciones educativas estatales necesiten que la mayoría de sus docentes sean de la mejor calidad, ni tampoco cuántos docentes obtengan calificaciones excelentes en las evaluaciones y que, por tanto, tengan legítimo derecho a ganar más (como pregona el gobierno), sino los números fijados arbitrariamente y el presupuesto "disponible". Esto es absolutamente injusto. La ley 29062 durará lo que queda de este gobierno o menos.
Imagine, amigo lector, que en el colegio "Los Reyes Rojos" se le ocurriera al director normar para que solo a 5 estudiantes se les ponga 18, sin importar que sean 20 o 60 los que obtengan dicha nota. ¿Qué reacciones provocaría en los estudiantes y en sus padres? Usted amigo lector, ¿pondría a su hijo en un colegio en el que por norma el 95% están excluidos de tener más de 15 así aprueben con 20 todos los exámenes? Este ejemplo, muestra con toda claridad lo injusto de la pirámide de niveles de la reciente Carrera Pública Magisterial.
Finalmente, aunque hay otras razones que después expondremos, los profesores no están de acuerdo con la CPM por cuanto limita los cargos que puede desempeñar los docentes al de director de institución, dejando los altos cargos técnicos y administrativos de los órganos intermedios y del propio ministerio (especialistas, consultores, jefes de área o unidad, etc.), para los socios del Regatas o partidarios del gobierno de turno.
Esta cuestión no solo se exige como derecho legítimo de los buenos profesionales de la educación (a quienes no debería cerrárseles las posibilidades de acceder a dichos cargos) sino fundamentalmente porque está demostrado por décadas de fracaso, que las personas que llegan al MED sin ser educadores y sin haber ejercido nunca la docencia con niños o adolescentes, no tienen esa dosis imprescindible de experiencia que les permitiría elaborar propuestas viables. Ellos pueden construir espectaculares castillos de arena en base a sus librescos conocimientos (con todo respeto), pero esas ideas jamás germinarán.
Lo expuesto hasta aquí y otras razones, llevan a la conclusión que no es interés del gobierno mejorar la educación, como creen algunos intelectuales de buena fe (personalidades o agrupaciones respetables). Es evidente que la intención es cumplir con las recomendaciones del Banco Mundial no porque haya coincidencias ideológicas o porque tengan una visión del País sino porque dichas acciones llenan sus bolsillos.
