De 300 000 profesores se inscribieron unos 5000 a pesar de la inmensa campaña mediática y la presión ejercida por el gobierno: avisos costosos en radio, televisión y prensa escrita (cuyo alto costo habría sido mejor invertido en abrigo para los niños de Puno) y presión y amenaza a los directores, especialistas y profesores que laboran en los órganos desconcentrados del Ministerio de Educación para que se inscriban. La gran mayoría de profesores no se han dejado engañar ni presionar. El número de inscritos se reduce más todavía si descontamos a los que trabajan como directivos y a los que laboran en las UGELs y DREs del país (especialistas, etcétera).
El gobierno estaba desesperado: A los participantes de las capacitaciones realizadas en los dos últimos años les enviaron persistentes invitaciones para inscribirse en la CPM (“Carrera Por Migajas”) con la insinuación de que el examen de la primera fase será equivalente a las capacitaciones “el instrumento que se aplicará en la Primera etapa… tiene la misma matriz de especificaciones…” (1).
A los directores y subdirectores nombrados y encargados se les obligó a asistir a charlas informativas y a realizar la "réplica" de esas charlas en sus colegios. Los que lo hicieron terminaron haciendo un papelón ante los argumentos contundentes de los educadores. A los directivos encargados se les presionó diciendo que en el siguiente año las encargaturas serán solo para los que se hayan cambiado a la Carrera Por Migajas (lo cual por su puesto no es posible, así quisieran los gobernantes, debido entre otras cosas, a la ley del profesorado antigua y a la no retroactividad de las nuevas).
En el clímax de la desesperación el gobierno habría utilizado incluso las elecciones internas del partido aprista, en el que exigían como condición para postular a cualquier cargo de representación, presentar una relación de maestros inscritos para el concurso a la nueva ley.
Del reducido número de profesores inscritos un grupo está formado por los profes poco asertivos que trabajan en los órganos intermedios (UGELs y DREs) que no han tenido el valor de oponerse a la presión de sus jefes a pesar de ser conscientes de lo injusto de la ley 29062 CPM (“Carrera Por Migajas”). A estos se suman unos poquísimos profesores ingenuos.
El segundo grupo ha sido identificado por el Ministro quien ha dicho que “las edades de los inscritos varían entre 40 y 50 años”. Estos profesores tenían 25 a 35 años en el primer gobierno del APRA y fueron nombrados (¡que coincidencia!) en ese quinquenio. Este segundo grupo participa seguro de pasar todas las evaluaciones con el apoyo de los compañeros en las distintas instancias (recordemos las denuncias y testimonios de circulación de las preguntas y respuestas antes de los exámenes de contratación y nombramiento, durante este gobierno).
Las autoridades también han informado que 15% de los inscritos postulan al segundo nivel, 63 % al tercero, 19% al cuarto y 3% al quinto. Considerando las edades mencionadas (y los años de servicios), la gran mayoría de nombrados en el quinquenio del gobierno aprista se presentan al tercer y cuarto nivel (82%) dejando sin opción alguna a los incautos que se han inscrito sin tener ningún as bajo la manga.
El quinto nivel esta reservado para los “cerebritos” (MVL) que han incursionado en educación para ser las “lumbreras”. El lector puede identificarlos fácilmente pues sus nombres aparecen a cada rato en los medios de comunicación -son los expertos a quienes entrevistan sobre temas de educación- o se les ve dictando seminarios (a dos mil soles la hora). Al educador de escuela los salarios indignos le impedirán definitivamente acercarse al quinto nivel.
Los inscritos se darán cuenta fácilmente que hay más vacantes que postulantes. Para los inscritos inocentemente, este hecho aparentemente los beneficia. Para los profes vinculados al sector de la corrupción les resulta preocupante porque hará más evidente aún el engaño en las evaluaciones. Pero tienen la esperanza que los incautos inscritos también participen en las evaluaciones para que así puedan convalidar el fraude (cada plaza ya tendría dueño).
Sin embargo, ahora que se viene aclarando el panorama, los incautos abrirán los ojos y los poco asertivos tomarán valor, evaluarán los pros y los contras de participar en las evaluaciones y concluirán que es mejor no presentarse al examen pues, según vimos líneas arriba, no tienen ninguna posibilidad. La situación empeora si toman en consideración que quienes lo evaluarán en la segunda fase serán sus colegas que no se han inscrito y que rechazan la CPM (Carrera Por Migajas) porque la consideran individualista e injusta.
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En realidad, la LCPM había fracasado desde su origen mismo puesto que se construyó entre los "expertos" y los autonombrados "representantes de la sociedad" sin la participación de los afectados (no beneficiados) con esta ley. También había fracasado durante su trámite de aprobación porque se saltó los procedimientos regulares. La prepotencia del presidente y su cohorte también eliminó cualquier resquicio de viabilidad de la Carrera Por Migajas.
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Y ahora, la cantidad de inscritos igual a la cuarta parte de las plazas le ha puesto su lápida. Pero lo peor para el gobierno de turno es la conclusión contundente: No habrá futuras convocatorias ya que no habrán postulantes; los únicos posibles ya se inscribieron y lo más problable es que ni se presenten a los exámenes.
En este panorama, el gobierno tiene dos opciones: Persistir en el error o empezar de nuevo.
En el primer caso, sucederá que al término del proceso habrá una minúscula cantidad de profes en la ley 29062 CPM sin ningún significado para todo efecto y con denuncias de corrupción que la prensa adicta intentará acallar. En el corto plazo, el movimiento magisterial luchará con más ahínco por la derogatoria de la LCPM (Ley de Carrera Por Migajas) dado el rechazo mayoritario. Y en el mediano plazo y con un panorama político oportuno dicha ley será derogada o se extinguirá por inanición.
En el segundo caso, las perspectivas son prometedoras. Podría levantarse una nueva ley del profesorado que aplique una verdadera meritocracia, de acuerdo a las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales en el que el educador participe activamente en el cambio del marco legal de su profesión. Ahora esa oportunidad no debería desperdiciarse, tomando en cuenta que la lucha contra la pobreza, la violencia, la corrupción, el problema limítrofe con Chile y sus aliados, la imagen de la educación en el país, etc. dependen en gran medida de los educadores, quienes deberían ser tomados como ciudadanos de pleno derecho y aliados de un Estado realmente democrático.
Persistir en el error significará que la prepotencia es terca y no ve más allá de sus narices (o de sus bolsillos); empezar de nuevo, significará que esta democracia tiene futuro.
